El
día uno de septiembre entrará en vigor en este país una nueva
norma que ahondará aún más si cabe las diferencias entre aquellos
que tiene papeles y los que carecen de ellos. El uno de septiembre
alrededor de 150.000 personas, en su mayoría inmigrantes, se
quedaran si ese preciado pedazo de plástico que les permite ir al
médico como usted o yo cada vez que se ponen enfermos o necesitan
unas medicinas.
Con
esta inhumana decisión el gobierno del PP condena al apartheid
sanitario, a miles de familias de este país, miles de personas de
todas las edades, procedencia y raza que de la noche a la mañana
tendrán vetado un derecho básico reconocido no solo en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas o
en el Preámbulo de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud sino en el
Código Deontológico por el que se rigen los miles de profesionales
sanitarios que hasta este momento y de forma altamente profesional
han cuidada de su salud y de sus vidas.
Los
trabajadores de la Sanidad se han destacado siempre por su compromiso
social con los enfermos, de la misma manera que han sido abanderados
de la luchas contra los recortes, la reforma laboral y la perdida de
derechos y libertades. Sus huelgas en demanda de mejoras laborales y
de una racionalización de los servicios o contra la privatización
de la Sanidad, han hecho tambalear en los últimos años a los
sucesivos gobiernos contra los que han dirigido sus críticas.
Esta
última medida, cruel, inhumana, declaradamente xenófoba y
demostradamente inviable, se suma a otras muchas tomadas al calor de
la crisis que padecemos. Todas ellas tienen un objetivo claro y
preciso: privatizar la Sanidad, ceder a empresas privadas,
evidentemente de amigos, aquellos servicios que sean rentables por
los que deberemos de pagar y gestionar desde lo público solo
aquellos otros que ninguna empresa entienda que pueda hacer negocio
de ellos.
Una
vez más ese personal sanitario, encabezado por médicos y
enfermeras, pero acompañado por celadores, auxiliares y personal
laboral se ponen a la cabeza de las protestas contra una norma que
consideran injusta e insolidaria. Y ante una decisión de una
gravedad incomparable que choca con ese juramento que todos hicieron
en su día para defender ante todo y ante todos la salud de los
enfermos; han comenzado por miles a declararse objetores de
conciencia.
Advierten
que seguirán atendiendo a los enfermos más allá de si tienen o no
ese pedazo de plástico, que como una invisible barrera les va a
impedir a partir del próximo día 1 de septiembre acudir a
consultorios, hospitales e incluso a la farmacia.
Más
de mil médicos se han declarado ya objetores de conciencia o
insumisos, dispuestos a afrontar las posibles consecuencias
judiciales por atender a los “sin papeles”. Saben que esta
iniciativa podría ser considerada de "desobediencia civil o
insumisión", según ha confirmado el Consejo General de
Enfermería. Cuentan con el apoyo de los colegios de médicos de todo
el país y con el de millones de españoles que como ellos nos
declaramos insumisos y sin papeles.
Este
maltrecho país nada a la deriva en medio de una crisis salvaje que
arrasa con puestos de trabajo, derechos y libertades, que hace
aflorar la xenofobia, el racismo y el ansia por volver a tiempos
pretéritos de vergonzoso recuerdo. Nos rebelamos ante las injustas
medidas que sufrimos, protestamos en la calle contra ellas y luchamos como podemos para llegar
a final de mes con los mil y un recortes en nuestros sueldos y
pensiones o en las condiciones laborales, preguntándonos hasta
cuando y hasta donde van estrangularnos Rajoy, el BCE o la troika.
Ya
no aguantamos más, ésta última medida es la gota que colma el mar.
El personal sanitario y con ellos la mayoría de la sociedad de este
país, los sindicatos, partidos políticos de izquierdas, los
movimientos sociales, todos a una, no están, no estamos dispuestos a
abjurar de ese juramento hipocrático
por el que están obligados a atender a cualquier enfermo
más allá de su raza, sexo, religión o procedencia. La salud es lo
primero en una sociedad que se considere democrática, humana y
ética. Es primordial la atención de cualquier enfermo, la
denegación de auxilio como consecuencia de estar o no en el
Registro de la Seguridad Social es innegociable.
Ya
se anuncia una batalla legal orquestada por el Ministerio de Sanidad
contra los insumisos. Contra ella, contra el ministerio, contra esos
políticos desalmados y sin conciencia, con el personal médico que
se declare objetor y desde la calle, los movimientos sociales, las
asociaciones de emigrantes, la sociedad estará en la lucha y en las
protestas.
TODOS
SOMOS “SIN PAPELES”, TODOS SOMOS DESCLASADOS, TODOS SOMOS
OBJETORES E INSUMISOS.
Miembro de la Iniciativa Social de Aragón, La Izquierda de Aragón
No hay comentarios:
Publicar un comentario