Horas antes de que CaixaBank iniciara por primera vez su andadura en Bolsa con subida del “rating”, horas antes de que Moody’s y Standard & Poor’s elevaran su calificación por la “solidez” de su perfil crediticio, el 30 de junio pasado unos indignados eran desalojados por la policía de un céntrico edificio propiedad de La Caixa en Zaragoza, medio abandonado y en pésimas condiciones durante años. Aquellos indignados habían declarado que querían destinar el edificio a sede de un centro sociocultural cercano al movimiento 15M, llamado “El Paraguas”, y a dar cobijo a familias desahuciadas que vivían en la calle. Como suele ocurrir en estos casos, la policía cumplía órdenes y los ordenantes invocaron el Estado de derecho y el imperio de la ley.
El desalojo acabó mal. Aun sin emplear ningún tipo de violencia, varios “indignados” terminaron malheridos e incluso uno de los desalojados terminó en el hospital, inconsciente y con múltiples contusiones, según consta en el parte médico. Habían decidido quedarse fuera del inmueble, en la calle, sobre la acera y, en vista de lo sucedido, es de imaginar lo que podría haber ocurrido dentro, sin cámaras ni testigos. Uno de los desalojados osaba decir a los policías que podía ser su hijo o su hermano, pero, según su propio testimonio, al poco tiempo un policía le pisaba la cara contra el suelo, otros le pateaban el cuerpo y otro más le rompió de una patada en los testículos, que le hizo orinar sangre por unas horas.
Algún viandante, testigo de la agresión, se puso a pensar qué estaba pasando por la cabeza de aquellos hombres que actuaban con tan extrema violencia. Reciben el nombre de “agentes del orden”, pero, viendo lo que estaban haciendo, no deseaba ese orden para su país ni para su gente. Estaban imponiendo orden, sí, pero solo el que conviene a los que se autodenominan “gente de orden”. Son llamados “fuerzas de seguridad”, pero la violencia desproporcionada produce muy poca seguridad, más si proviene de unos funcionarios del Estado que han de ser siempre ejemplo de civismo para toda la ciudadanía.
Sin olvidar el buen trabajo que la policía lleva a cabo en otros ámbitos y a veces en circunstancias penosas o arriesgadas, basta recorrer algunos acontecimientos de los últimos meses en Barcelona, Francia, Grecia, Siria, Egipto, Túnez y en muchos otros lugares de Europa y del mundo, para encontrar un mismo común denominador: son agredidos los que poco o nada tienen, los indignados, las víctimas del desorden mundial y la crisis económica; en cambio, son defendidos los intereses de los ricos, de los que engordan su riqueza con la carroña de quienes van quedando en la cuneta.
Seguramente, muchos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de un país contestarán que se limitan a cumplir órdenes, ignorando así que el subterfugio de “yo cumplo órdenes” ha estado siempre en la base de no pocos totalitarismos. El hecho es que aún no se ha dado el caso de que haya sido detenido un empresario por perpetrar un ERE injusto y criminal, o algunos de los financieros responsables de esta crisis mundial, o los ejecutivos de empresas financieras que se embolsan decenas de millones de euros al año en concepto de sueldo. Los agentes del orden de la gente de orden cumplen órdenes de desalojo de inmuebles propiedad de la banca, pero no reciben órdenes de detención de quienes consienten que en España haya más de 1,2 millones de viviendas desocupadas, entre las que circula dinero negro a espuertas, fuera del alcance de Hacienda.
En España hace ya tiempo que de su principio socioeconómico constitucional “economía social de mercado” el mercado ha devorado a lo social. Corre asimismo el riesgo de quedar fulminado o tachado de antediluviano quien ose recordar que el artículo 33.3 de la Constitución declara que los límites de la propiedad privada es inseparable de su función social y queda determinada por la utilidad pública y el interés social, que los valores fundamentales por los que constitucionalmente debe regirse nuestro país son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1) o que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128,1). Lo malo es también que del interés general nos restan básicamente los intereses creados de los ricos y de los potentados. Hablando de interés y quedándonos en Grecia, con una deuda externa de 340.000 millones de euros (cerca del 160% de su PIB), recibe del FMI y de la UE 210.000 millones de euros, de los que solo el pago de los intereses equivale al 10% del PIB.
Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar.
Concluyamos recordando algunas ideas plasmadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (artículo 28). “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (artículo 22).
Antonio Aramayona
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